Entra en vigencia la llamada "Ley de seguridad ciudadana" que criminaliza la diversas formas de manifestación en territorio ocupado por el Estado español

Hoy, 1º de Julio, entra en vigencia la infame "ley mordaza" dentro del territorio ocupado por el Estado español.

Dicha ley fue aprobada en marzo de este año bajo el nombre de "ley de seguridad ciudadana" (bonito eufemismo, por cierto), con el objeto de criminalizar toda forma de manifestación popular, de acallar los reclamos ante la crisis económica y social que se vive en aquella región; de someter a la población al acatamiento silencioso de todos los saqueos cometidos por los banqueros (desahucios, así les llaman) y ejecutados por los perros del Estado, previendo multas de entre 100 y 600.000 euros. La analogía no es caprichosa: lo mismo daría que les llamen "saqueadores y usurpadores", y a los agentes que repartan multas en las calles "asaltantes armados" porque en definitiva esto es lo que son... simples rateros y oportunistas, dispuestos a dejar familias en la calle y quitarle lo poco que tienen a quienes osan alzar la voz ante las injusticias del Estado y el capital; sabiendo que este tipo de penas recaen directamente sobre la clase obrera, en tanto que hasta una multa "pequeña" dentro de ese rango supera el salario promedio de un trabajador. Pero eso es solamente el comienzo... y se pone peor.

A continuación, una breve síntesis de las formas de activismo y manifestación que, a partir de este 1 de julio de 2015, pasarán a ser consideradas "criminales" e incluso "terroristas" por el Estado español con las penas correspondientes:

Entre 100 y 600 euros de multa:

* Filmar a la policía (sin importar qué atropello estuviese cometiendo).
* Reuniones en espacio público.
* Faltar el respeto a la policía (...).
* Ocupar entidades bancarias y otros inmuebles.
* Retirar vallado dispuesto por la policía.
* Encaramarse a edificios.
* Venta ambulante (manteros).

Entre 601 y 30.000 euros de multa:

* Manifestarse frente a la sede del congreso, senado o parlamentos autonómicos.
* Quemar contenedores.
* Impedir un desahucio.
* Desobediencia o resistencia a la "autoridad".
* Negarse a disolver reuniones o manifestaciones.
* Intrusión en infraestructuras de servicio público.
* Uso no autorizado de datos o imágenes de los agentes de fuerzas de seguridad (represión) del Estado.
 

Entre 30.001 y 600.000 euros de multa:

* Reuniones o manifestaciones en infraestructuras de servicios básicos.
* Celebración de espectáculos o actividades recreativas contra la prohibición ordenada por la autoridad correspondiente.
Serán consideradas "actos de terrorismo", las faltas cometidas a través de internet:
* Consultar webs de contenidos "delictivos" (está claro a qué le llaman "delito"), bajo penas entre 1 y 5 años de prisión.
* Convocar a protestas por redes sociales: art. 30 "se considerará organizadores o promotores a quienes por publicaciones o
declaraciones de convocatoria a las mismas, por las manifestaciones orales o escritas que en ellas se difundan (...) pueda
determinarse razonablemente que son directores de aquellas".
* Publicar fotos o vídeos de agentes de las fuerzas de seguridad, entre otras.
Por último, pero no menos importante: esta ley habilita la llamada "devolución en caliente" de los inmigrantes que ingresen por la frontera con Marruecos... ni falta que hace explicar de qué se trata.
 

En la medida en que esta ley apunta directamente contra la lucha social, afectando especialmente a lxs anarquistas, nos vemos en la necesidad de adoptar una postura crítica para informar y activa de apoyo a la distancia, con el fin de que las voces de lxs compañerxs que luchan en aquella región no puedan ser silenciadas.

Desde Bahía Blanca, en territorio ocupado por el Estado argentino, expresamos nuestra solidaridad a lxs compañerxs perseguidxs y a lxs que permanecen aún secuestradxs por el Estado español. 

Sepan que no pueden callarnos a todxs.

Sociedad de Resistencia de Bahía Blanca.